La sesión de trabajo se realizó en la sala Raúl Porras
Barrenechea del Palacio Legislativo.
Ese grupo legislativo también inició el debate del
proyecto que propone elevar a rango de ley el decreto supremo que crea la
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para estar acorde con los
compromisos internacionales que el Perú ha suscrito en materia de lucha contra
la corrupción.
El parlamentario Gustavo Rondón manifestó que lo más
conveniente era escuchar, primero, al premier; y luego considerar la
conveniencia, o no, de aprobar la propuesta que tiene una serie de
modificaciones al contenido del decreto supremo.
La discusión de la propuesta fue postergada para la
sesión de la próxima semana.
CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA EVITÓ PERDIDA DE 182 MILLONES SOLES
A la reunión asistió, igualmente, el contralor general
de la República, Fuad Khoury Zarzar, quien presentó el balance de su gestión
2011-2012. Subrayó que la labor de control previo que realiza la contraloría
evitó, en el período 2009 al 31 de julio del 2012, el gasto innecesario de
recursos públicos por un monto ascendente a más de 182 millones de soles que se
pretendió utilizar sin el debido sustento como presupuestos adicionales de obras
y de supervisión.
Explicó que el resultado obtenido por esa institución
fue en ejercicio de su atribución de control previo que tiene para autorizar la
ejecución y el pago de presupuestos adicionales de obras que realizan las
entidades públicas, cuyos montos exceden un 15% al presupuesto inicial, según
señala la norma de contrataciones y adquisiciones del Estado y su ley orgánica.
Khoury señaló que el control previo es una herramienta
eficaz para prevenir casos de corrupción y optimizar el uso adecuado de
recursos públicos en beneficio de de la ciudadanía del país.
Añadió que, como forma de reducir los riesgos de
corrupción, en el período 2009-2012 la contraloría realizó un total de 659
veedurías a obras públicas en todo el país, valorizadas en más de 10 mil
millones de soles. De estas veedurías, precisó, 51 corresponden a la inspección
de obras de instituciones educativas ubicadas a nivel nacional.
Reveló que se ha detectado tres mil 883 riesgos en
obras de saneamiento, obras viales, de electrificación, agrícola, colegios y
hospitales, entre otros. También señaló que durante el 2011 la Contraloría
General ha recibido un total de dos mil 881 denuncias a nivel nacional, por
presuntas irregularidades en el uso de bienes y recursos públicos.
Agregó que el ranking de denuncias contra instituciones
del Estado lo encabezan las municipalidades, seguidas de los órganos
desconcentrados, gobiernos regionales, instituciones públicas descentralizadas,
universidades, ministerios, empresas públicas, empresas municipales, organismos
autónomos, órganos de línea, sociedades de beneficencia pública, Poder Judicial
y otros.
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